LA FAMIGLIA NEL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA: la coppia di fatto alla luce della giurisprudenza comunitaria

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1 Seconda Università di Napoli Universidad de Granada Dottorato di ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario" Doctorado de investigación en Derecho constitucional europeo XXI ciclo LA FAMIGLIA NEL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA: la coppia di fatto alla luce della giurisprudenza comunitaria Dottorando: Vincenzo Carollo Direttore di tesi per la Seconda Università degli studi di Napoli: Director de tesis para la Universidad de Granada: Prof. Lorenzo CHIEFFI Prof. Francisco BALAGUER CALLEJÓN Tutor: Prof. Andrea PIRAINO 1

2 Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Vincenzo Carollo D.L.: GR ISBN:

3 Sommario RIASSUNTO IN SPAGNOLO.. pag. 6 INTRODUZIONE...pag. 20 CAPITOLO I I MODELLI FAMILIARI MODERNI I. Il ruolo sociale e giuridico della famiglia.pag. 29 I.1. L evoluzione del diritto di famiglia, tra spinte etiche e tessuto sociale......pag. 34 I.2. La famiglia all inizio del 3 millennio: le fonti internazionali..pag. 38 I.3. Le basi giuridiche utilizzate per l adozione dei primi atti che hanno inciso sulla famiglia...pag. 41 I.4. Il ruolo svolto dal Trattato di Amsterdam: la comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in tema di famiglia e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pag. 47 2

4 CAPITOLO II LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI II. La famiglia nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea: status legale e finalità.pag. 55 II.1. Una nuova lettura della teoria dei contro limiti pag. 66 II.2. Il valore politico della Carta di Nizza ed il contributo della giurisprudenza...pag. 72 II.3. Lo status della CEDU e l adesione da parte dell Unione europea...pag. 77 II.4. L agenzia europea dei diritti fondamentali...pag. 95 II.5. La tutela dei diritti fondamentali nella Carta di Nizza: uno sguardo sulla famiglia.pag. 99 II.6. Le norme a tutela della famiglia contenute nella Carta: considerazioni finali pag. 102 CAPITOLO III IL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1347/2000 SULLA COMPETENZA E SUL RICONOSCIMENTO IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI III. Lo scopo e la base giuridica del regolamento n.1347/2000.pag. 107 III.1. I criteri sulla competenza giurisdizionale..pag. 114 III.2. Ambito di applicazione rationae materiae del Regolamento...pag

5 III.3. Ambito di applicazione temporale e personale.pag. 124 III.4. La disciplina della litispendenza, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni previste dal Regolamento N. 1347/2000.pag. 128 III.5. Il Regolamento CE N. 2201/2003: un nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale...pag. 136 III.5.1. Campo d'applicazione, definizioni e competenza..pag. 141 III.5.2. Disposizioni in materia di sottrazione di minori pag. 147 III.5.3. Riconoscimento ed esecuzione...pag. 149 III.5.4. Cooperazione fra le autorità centrali.. pag. 152 III.5.5. Disposizioni finali e prospettive future..pag. 156 CAPITOLO IV LA COPPIA DI FATTO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA: NORMATIVA NAZIONALE SPAGNOLA E ITALIANA IV. La molteplicità dei modelli familiari pag. 161 IV.1. La famiglia fuori dal matrimonio nella CEDU: gli artt. 8 e 12 ed i limiti all applicazione diretta..pag. 164 IV.2. Il quadro normativo nel processo d integrazione europea pag. 170 IV.3. La Direttiva 2004/38 CE e la Direttiva 2006/54 CE.pag. 181 IV.4. Gli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia europea: le ripercussioni nelle giurisprudenze nazionali..pag

6 IV.5. La sentenza della Corte di Giustizia europea del in tema di discriminazione basata sull orientamento sessuale pag. 210 IV.6 Gli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia sulla giurisprudenza italiana pag. 219 IV.7 L Unione europea e le coppie: analisi dei possibili progressi pag. 226 IV.8. Il matrimonio omosessuale spagnolo pag. 231 IV.8.1. I risvolti della riforma della successivi alle Ley 13/2005: la Ley de identica de genero..pag. 244 IV.8.2. Le prospettive di codificazione in Italia: le tendenze per la disciplina dei nuovi modelli familiari tra deregolazione e ipergiuridicizzazione...pag. 250 CAPITOLO V DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO EUROPEO DELLA FAMIGLIA V. Integrazione e cooperazione: l esperienza della Commission on european family law...pag. 262 V.1 I principi sul divorzio e la responsabilità genitoriale..pag. 272 V.2. Considerazioni conclusive..pag. 276 Bibliografia.pag

7 Riassunto in spagnolo El presente trabajo se propone analizar la relación vigente entre la Unión Europea y el derecho de familia, utilizando como punto de referencia principal los actos jurídicos y la jurisprudencia comunitaria en la materia. En el transcurso de la actividad del legislador comunitario, desde comienzos de los años sesenta, ha existido un notable avance en la materia, aunque aun queda por recorrer un largo camino hasta alcanzar un tratamiento uniforme y coherente en la institución de la familia. Las primeras intervenciones legislativas comunitarias relativas a este ámbito, evidenciaron una clara prioridad de las instituciones Europeas no tanto por regular y disciplinar dicho instituto, al ser núcleo fundamental de la sociedad, como por eliminar algunos obstáculos que se interpusieron a las finalidades económicas de la Comunidad. De hecho, las implicaciones respecto de los sectores directamente interesados por las políticas comunitarias, parecían tener una incidencia particularmente menor sobre el mercado y sus normas. Sin embargo, no hay duda en que esta materia también presenta, desde un punto de vista práctico, notables efectos y reflejos de carácter económico. En realidad, aunque no hubiese sido expresamente contemplado por los padres fundadores de la <<Comunidad Económica Europea>>, se tuvo claro enseguida que el concepto de familia y su organización no fueron para nada extraños a ella. El objetivo de establecer un espacio económico común, en el cuál se garantizase la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, pero también de las personas, condujo inevitablemente a favorecer de modo creciente el fenómeno de las familias transnacionales, en relación tanto a los individuos que viven y trabajan en un Estado miembro diferente al de origen y 6

8 que llevan consigo a la propia familia (o aquellos que forman una nueva a causa de la ruptura del precedente ligamen conyugal), como a las personas procedentes de otros países que, viviendo y trabajando en la Unión, y contribuyendo asi a su economía, tienen la intención de estableserse en aquél Estado con su familia. El derecho de familia ha empezado a suscitar un fuerte interés por parte de la doctrina como consecuencia del estudio de algunos casos concretos sometidos al examen del Tribunal de Justicia Europeo, los cuáles han llevado al operador jurídico nacional (jueces nacionales, doctrina etc.), con una frecuencia creciente, a afrontar temáticas nuevas a nivel supranacional con impacto (directo o reflejo) en la legislación nacional. Ciertamente, el derecho de familia, más allá de su aparente marginalidad en el cuadro competencial de la Unión Europea, ha ofrecido a los civilistas la ocasión para realizar estimulantes reflexiones sobre temas clásicos y absolutamente centrales del derecho privado, desarrollando reflexiones muy estimulantes. Tales referencias se dirigen en particular al ámbito de la autonomía privada que, entendida en su sentido tradicional como la capacidad de los particulares para dictar reglas vinculantes a la propia conducta con la finalidad de gestionar los intereses propios, parece paradojicamente haber sufrido un cambio de rumbo, encontrando asi espacios mayores en el derecho de familia, siempre más cercano a una lógica <<individualista>>. Las directrices de la evolución del derecho de familia parecen ir progresivamente abandonando una visión institucionalista de la misma y desarrollando el reconocimiento de los derechos individuales de sus componentes. En otros términos, se ha procedido a una valorización de la esfera individual, en razón de la cual, los derechos individuales han tenido una 7

9 protección siempre más extensa en perjuicio del instituto familiar en sí mismo considerado. A la luz de este progresivo interés de la Unión Europea por el derecho de familia, observamos aun muchos obstáculos por superar, constituidos tanto por problemas de legitimación y de competencia del legislador Europeo a la hora de introducir reglas en ese sector, como por barreras de carácter cultural. Existe también un cierto escepticismo motivado esencialmente por dificultades de carácter práctico, esto es, las peculiaridades de dichos sectores se encuentran fuertemente arraigadas en las tradiciones jurídicas nacionales de carácter individual, en cuanto que aparecen íntimamente ligadas a las costumbres, las prácticas religiosas y los usos locales. Hace falta subrayar, además, que la situación estrictamente económica de la Comunidad Económica Europea, ha empezado gradualmente a ser superada por la exigencia, intensamente advertida, de salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, recobrando la centralidad y la prioridad en el sistema de valores resultantes del conjunto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Un primer paso importante en esa dirección ha sido dado con el Tratado de Maastricht y, sucesivamente, con el Tratado de Amsterdam, en el cuál se fijó el objetivo de instituir un «espacio de libertad, seguridad y justicia». Además, tras los cambios estructurales que han conducido al nacimiento de la Unión Europea, ha crecido inevitablemente la sensibilidad de las Instituciones Europeas respecto a la familia y a las políticas a ella vinculadas. En este incremento del interés han incidido también los profundos cambios sociales. El modelo de familia conyugal, aunque aun predominante, no es ya el modelo familiar exclusivo: el emerger de modelos familiares alternativos respecto a los tradicionales, (familias amplias o recompuestas, familias de 8

10 hecho, uniones entre personas del mismo sexo) demuestra claramente que cada tipo de relación familiar tiene un impacto en el derecho Europeo, asì como el derecho Europeo tiene un impacto sobre cada forma de relación familiar. En este trabajo, se hace referencia no sólo a las parejas homosexuales, respecto de las cuales no hay aun una actitud unívoca por parte de la Unión Europea y por algunos Estados miembros, sino también a otros fenómenos, (hay que pensar en las llamadas parejas de hecho) que han inducido a los órganos competentes estatales y comunitarios - a una reflexión sobre la familia y a la transformación - en sentido extensivo - de su definición, teniendo como consecuencia que el matrimonio ya no sea en ningún Estado miembro el único medio para constituir una familia. Ante la difusión de tales tipos de unión, destinados a ser cada vez más frecuentes con el aumento de la movilidad de las personas, se tendrà que alcanzar una solución común desde la óptica de la protección de la parte más débil. En la última década, diferentes Estados Europeos han disciplinado nuevas formas de unión familiar (uniones registradas) diferentes al matrimonio y abiertas a las parejas de personas del mismo sexo, o también de sexo diferente. Algunos Estados han extendido también la disciplina de la unión matrimonial a las parejas del mismo sexo, (como en España a la cuál vendrà dedicada un capítulo) cambiando radicalmente la noción de matrimonio. Otros, sin embargo, continúan reconociendo exclusivamente la familia fundada sobre el matrimonio tradicional, o bien sólo admiten la convivencia heterosexual more uxorio. Es evidente que la realidad de la familia en los varios Estados de la Unión Europea es bastante diferente, 9

11 dependiendo de los muchos estilos, tradiciones y modalidades de convivencia nacionales. Ante un cuadro normativo tan variado, surge el interrogante acerca de la existencia de principios comunes en materia de relaciones de pareja. Sin embargo, a pesar de la percepción por parte de los órganos comunitarios de la importancia del problema, no se ha asistido a cambios trascendentales. El legislador Europeo ha decidido solucionar algunas problemáticas, relativas al derecho de familia, adoptando actos que lejos de provocar un fuerte impacto mediático, como por ejemplo aquéllos que se refieren a las parejas homosexuales, que habrían provocado gran clamor en la opinión pública Europea, tuviesen una profunda importancia sustancial, como el Reglamento CE n. 1347/2000 (ahora sustituido por el Reg. CE n. 2201/2003) en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la directiva n. 2003/86, relativa al derecho de unión familiar. Estas medidas no sólo contribuyen a hacer más claro y lineal el cuadro normativo comunitario en materia de derecho de familia, sino que sobre todo aplican concretamente el art. 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, la cuál reconoce a cada individuo el derecho al respeto de la propia vida familiar. El reglamento comunitario 2201/2003, modificado por el reg. 2116/2004 (sólo en lo concerniente a las relaciones con la Santa Sede), es la normativa que actualmente regula el sector del derecho de familia, dentro del más amplio cuadro de derecho comunitario y del cuál, en éste trabajo, se hará un profundo análisis. Junto a estos instrumentos normativos comunitarios, muchos otros hacen referencia a nociones y a institutos del derecho familiar, disciplinando otros derechos, libertades y relaciones jurídicas, que inciden en la vida 10

12 cotidiana de los ciudadanos europeos y todos los sujetos que viven y participan activamente en el territorio de la Unión. Tales derechos han sido objeto de importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de decisiones del Tribunal de Primera Instancia, así como por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos1. Hoy también juega un papel importante la cooperación internacional que parece, ante todo, tener como finalidad el intercambio de información entre Estados acerca de las correspondientes legislaciones en la materia. Tal actividad se manifiesta por medio de la promoción de iniciativas, la implicación en organizaciones no gubernativas, la vigilancia sobre la efectiva realización de las convenciones internacionales 11 y, en particular, en las propuestas de mejorías o adecuaciones, para la simplificación y aceleración de los procedimientos de mutuo reconocimiento 2. Sólo en los últimos años, en cambio, se ha adquirido plenamente la conciencia de que una efectiva Unión Europea se puede realizar sólo por medio de una integración y una cooperación en todos los campos, que comprenda también el derecho de familia, y ello además con la finalidad de realizar un efectiva <<integración económica>>. 1 La Corte Europea de los derechos del hombre es un organo inernacional con funciones y garantías jurídicas para la tutela de los derechos reconocidos y garantizados por la Convención Europea de los Derechos del Hombre o por sus Protocolos Adicionales. Ėsta non cabe en el panorama jurídico Europeo pero tiene una función anexa respecto a los organos jurídicos nacionales, por lo que, las peticiones son admisibles sólo una vez agotados los trámites de apelación internos (regla del anterior agotamiento de los reclamos internos), según cuanto prevee la misma Convención, además de las normas del derecho internacional generalmente reconocidas. 2 Por ejemplo: - el art. 16 de la Convención Europea sobre el derecho del menor, escrita en Strasburgo el 25 de Enero 1996 (corregida y aplicada en Italia con la Ley 20 de Marzo 2003 n. 77), disponde que, al fin de la presente Convención, viene instituido un comité permanente, que tiene la facultad de promover la cooperación internacional entre los organos que en los varios Estados formulen propuestas para mejorar las disposiciones legislativas, que conciernen el ejercicio de los derechos del menor; - la Convención del Aja del 29 de Octubre 1996 sobre la protección del menor, contempla que cada Estado deve designar una Autoridad central con la tarea de vigilar, si son realmente ejecutados en el propio Estado, las obligaciones impuestas por la Convención a tutela del menor. Estas autoridades centrales tienen, además, el rol de dar a las autoridades jurídicas y administrativas responsables de los otros Países, las informaciones acerca de las leyes y los servicios disponibles e materia de protección del menor (art. 30); - el Reg. CE n. 2201/2003 donde, en materia de cooperación entre las autoridades centrales sobre la podestad de los padres, particular interés tienen los artículos 55.

13 De estas consideraciones se ha hecho ulteriormente cargo el Tratado de Lisboa. Incluso con todas las incertidumbres iniciales que han planeado sobre su ratificación por parte de todos los Estados miembros, de la lectura del Tratado se advierte la definitiva superación de la concepción inicial de la Unión Europea, basada sobre la integración económica y la efectividad de los principios de libre circulación de personas, de las mercancías, de servicios y de capitales. Tal documento, en efecto, pone sobre un mismo plano el aspecto económico y el aspecto de la tutela de los derechos del hombre y, en particular, de los más débiles. Examinando el Tratado de Lisboa en la óptica que aquí nos interesa, observamos una precisa referencia a la familia en la parte que se ocupa de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que retoma a menudo, usando también los mismos términos y expresiones, los conceptos ya expresados por la Convención Europea de los Derechos del Hombre, y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho aplicación de ellos. A pesar de no citarse expresamente la posibilidad de una cooperación en el campo de la familia, se interviene en sectores contiguos a la misma y a ella reconducibles. Además de las importantes novedades verificadas en el contexto legislativo de la Unión Europea, ha habido otros acontecimientos significativos en el campo del derecho de familia en Europa: el cada vez más frecuente interés del Tribunal de Estrasburgo y de Luxemburgo en los temas de la familia y la dignidad personal, a causa de la expansión de la esfera de aplicación de los principios de no discriminación y libre circulación de las personas, además de la consolidación, en los tratados y en la misma jurisprudencia de los Tribunales, de un cuadro constitucional Europeo; 12

14 el emerger, no sólo en Europa, de una difusa solicitud de reconocimiento por parte de las parejas homosexuales de un estatuto jurídico de sus uniones, que ha encontrado acogida sea en las legislaciones como en las jurisprudencias nacionales. La reanudación del proceso reformador en muchos países europeos será examinada en profundidad en éste trabajo tomando en consideración la normativa española relativa a la Ley del 1 de Julio 2005 n.13, que modifica el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, dando reconocimiento jurídico a las bodas entre personas del mismo sexo; la articulación de la competencia legislativa también sobre los niveles locales y regionales además de los nacionales; la valorización de la autonomía decisional de las vidas privadas respecto a la configuración del derecho de familia como derecho con fuertes influjos de carácter público; la comparación cada vez más cerrada de los legisladores con las temáticas relativas al impacto de las nuevas tecnologías sobre el estatuto jurídico del cuerpo y de la identidad personal. Por fin, deben notarse en los últimos años algunas iniciativas para la armonización de los varios derechos nacionales en tema de familia. Entre las más importantes es necesario mencionar la institución de la "Commission on european family law" (CEFL), organismo de origen privatístico con sede en Utrecht (Holanda), fundado el 1 de Septiembre de 2001, por un grupo de profesores universitarios con el ambicioso objetivo de predisponer, a nivel teórico y práctico, una armonización del derecho Europeo de la familia. El objetivo de tal proyecto ha sido perseguido a través de una precisa metodología. 13

15 Se trata de un resultado de gran alcance, si se tiene presente el estado de parálisis en el cuál estaba sólo hace pocos años la negociación de instrumentos multilaterales en estas materias. Por otro lado, el resultado a conseguir con la operatividad de éste sistema integrado de jurisdicciones, va más allá del mismo objetivo perseguido por el programa de medidas sobre el recíproco reconocimiento, en el sentido en que la libre circulación de las decisiones y el régimen de mutua confianza entre los órdenes jurisdiccionales nacionales, comportan necesariamente la formación de una jurisprudencia europea en el campo civil y, por lo que aquí interesa, en el campo familiar, sea bajo el perfil de la interpretación de los instrumentos normativos comunitarios como bajo el perfil de la comparación de las decisiones de mérito. Ahora se hace una pregunta: es posible y en todo caso deseable la unificación del derecho de familia entre los países Europeos? Éste es el interrogante al cuál este trabajo tratará de dar una respuesta, a través del estudio de los instrumentos normativos comunitarios adoptados hasta hoy y de otros en proyecto, analizando, además, la notable contribución aportada por la jurisprudencia comunitaria. Conclusiones Prescindiendo de una mayor o menor adhesión ideológica a un modelo familiar homosexual o heterosexual no basado en el matrimonio, la finalidad que me he propuesto, empezando desde el examen del CEDU, de la Carta de Niza, de las novedades introducidas en general por el Tratado de Lisboa y de la situación Europea en general, es la búsqueda de una normativa Europea uniforme (además de las propuestas y nuevas ocasiones) capaces de ofrecer 14

16 una protección y un cierto grado de garantía a sujetos desprovistos, al menos formalmente, de tutela jurídica en el ámbito del derecho de familia. He tratado de hacerlo a través de un análisis atento a aquéllas normas Europeas en tema de familia, para evaluar si es posible, a través de estas, la introducción de una disciplina respetuosa con la diversidad y la pluralidad de modelos familiares que la experiencia social propone. Aun muchos aspectos del derecho de familia permanencen en el ámbito competencial nacional y, por lo tanto, no pueden ser modificadas por la Unión Europea. Pero este trabajo demuestra cómo el derecho comunitario tiene un impacto creciente sobre las cuestiones que tratan sobre las parejas, la familia y los menores. La Unión Europea también manifiesta su atención sobre estas materias con la finalidad de que no se ocasionen discriminaciones por motivos de orientación o de identidad sexual en los ámbitos donde ésta ejerce un control. Cuánto ha sido expuesto en los capítulos anteriores nos permite desarrollar algunas observaciones conclusivas sobre el derecho de familia y sobre las efectivas posibilidades de su "europeización" a corto o medio plazo. Es indudable que, en los últimos años, la Unión Europea ha afrontado el derecho de familia con una actitud diferente respecto del pasado, consciente de que llegó el momento de intervenir para solucionar algunas problemáticas por demásiado tiempo irresolutas3. Bajo esta concepción, la labor de las instituciones comunitarias no puede ser sino alabado, de ello no puede indicarse ninguna nota negativa. El verdadero problema no concierne tanto a la pertinencia o no de las intervenciones comunitarias, cuanto a la impostación general de las políticas europeas relativas al derecho de familia. 3 Se piense al Reg. n. 1347/2000, que ha eliminado muchos errores relativos a la responsabilidad de los padres y a la competencia jurídica nacional de las causas en materia matrimonial. 15

17 En tal campo se registra, en efecto, una fuerte resistencia por parte de los Estados miembros a ceder las propias competencias (y en tal caso, nos referimos sobre todo a aquéllas políticas, más que a aquéllas técnicas) a la Unión. El problema de la familia y de su composición es percibido como imprescindiblemente ligado a aquél de la identidad nacional, entrando en juego una serie de detalles como la religión, la ética, la moral y la cultura. Cada uno de los Estados miembro es completamente consciente de que es menos peligroso y traumático para la sensibilidad colectiva afrontar las varias problemáticas relativas a la familia en el propio ámbito nacional. La resistencia de cada uno de los Estados miembros a la actividad de la Unión Europea en materia de derecho familiar trae consigo consecuencias paradójicas, que evidencian claramente cuan larga sea la ruta para poder hablar de "derecho de familia europeo. Es suficiente pensar en el tema de las parejas homosexuales, con respecto a las que existe una embarazosa divergencia, no sólo entre cada uno de los órdenes nacionales, sino también entre algunos de ellos y la actitud del Tribunal de justicia, que comportan algunas discriminaciones que infringen el principio de igualdad de trato y se sitúan en posición antinomíca respecto del reconocimiento de la ciudadanía europea. Si en un Estado miembro se reconocen legalmente las parejas homosexuales a través de la institución de las uniones registradas, el no reconocimiento de tal tipo de relación en otros Estados miembros, sumado a la no intervención (justificada, dada las dificultades políticas) de la Unión, no puede tener otro resultado que no sea una disparidad de trato que perjudique a determinados ciudadanos europeos que tengan una orientación sexual 16

18 diferente a la de la mayoría de las personas4, y eso, a la luz de los principios comunitarios resulta ser inconcebible. Cuáles son entonces, a la luz de estas consideraciones, las perspectivas de un derecho de familia europeo? Es inevitable una actitud de renuncia por parte de la Unión, que intervendrá sólo con actos normativos esporádicos, o existen premisas para una armonización de la materia? Una actitud de renuncia por parte de la Unión presupondría que, desde el punto de vista jurídico, el orden europeo sea devoto sólo a la protección de intereses. Además, en caso de conflictos normativos, la solución quedaría asignada a las normas de derecho internacional privado. Dicha elección, además de ser fuertemente simplista, también resultaría mortífera: los numerosos documentos de las instituciones comunitarias, demuestran que los intereses (también económicos) de la familia estàn entrelazados con aquéllos de las comunidades más grandes y de cada individuo (basta pensar al trabajo, al consumo, a la salud, al ambiente y a la circulación de las personas). Ėstos también demuestran que el hombre no vive solo de intereses económicos, porque en el ámbito comunitario, reciben igual dignidad la dimensión social y la dimensión cultural5. Descartada la elección de no intervenir, el problema consiste por lo tanto en administrar y racionalizar lo mejor posible el camino en sentido opuesto, es decir, hacia la intervención. Las posibilidades en este caso son dos: se puede pensar en un acercamiento gradual, partidario de núcleos de normas, con una legislación a "mancha de leopardo", o bien se deve proceder 4 Ve en tal sentido la pomiciò de Eugenia Caracciolo di Torella y Emily Reid, The Changing Shape of the European Family and fundamental rights, European Law Review, p Cfr. Guido Alpa, Guida al Diritto, n. 3/3/2004, p

19 planeando un nuevo capítulo relativo a la unificación del derecho privado Europeo, que se agregue a la del derecho contractual y a la del derecho de las obligaciones. Es cierto que resulta difícil hacer pronósticos sobre los efectos que provocará el alargarse de la Unión, sobre el proceso de acercamiento de las reglas nacionales acerca de la familia, pudiendo arriesgarnos tanto a una disminución como a una aceleración de la convergencia. Lo que sí es cierto, es que los principios del derecho de familia Europeo deberían expresar el más alto nivel de laicidad, dejándoles a los individuos y a cada una de las familias, la elección de seguir, profesar y divulgar el propio credo religioso. El problema de las bodas mixtas, de la educación religiosa, de los hijos y de la poligamia, puede ser asignado a los legisladores nacionales, a los acuerdos entre los Estados o a las comunidades autónomas y a las iglesias, para incidir en el derecho comunitario y sobre el derecho privado Europeo, sólo bajo el perfil del orden público y de los principios constitucionales comunes. En otras palabras, primero tiene que ser solucionado sobre el plano constitucional estatal y sólo después sobre las relaciones que tratan el derecho privado6. Se llega pues al problema central, que concierne sea al derecho de familia sea a las otras ramas del derecho privado, y por eso la elección entre proceder por grupos de normas o a través de un nivel más o menos amplio de armonización. Desde la primera posibilidad se podría proceder siguiendo las políticas de la familia ya elaboradas por las instituciones comunitarias. Para la armonización, en cambio, se podría proceder con el método opuesto al aplicado o propuesto por el derecho patrimonial, por el cual el nivel de 6 Es esta la opinión de Guido Alpa, op. cit., p

20 armonización se ha colocado en una franja intermedia: no se ha tratado de (a exclusión de algunos sectores, como por ejemplo la competencia) armonizar al máximo nivel, pero tampoco al mínimo nivel. Asì se podría pensar en una doble fase, experimentando en la primera el nivel mínimo, para pasar sucesivamente al nivel medio. Para poder hablar concretamente de derecho de familia Europeo, es necesario que todos los Estados miembros den un paso hacia atrás, aceptando ceder a la causa común de la armonización parte de sus competencias, permitiendo así codificar el instituto de la familia en la manera más conforme y adecuada a los principios comunitarios. La incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a los Tratados fundamentales, tal como la adhesión del Unión Europea a la Convención Europea de los Derechos Humanos ya constituye una base esencial para garantizar la no-discriminación sobre las cuestiones que conciernen a las parejas, los niños y las familias. En conclusión, si tenemos en cuenta todos estos aspectos, el cuadro emergente está caracterizado por dos elementos. Por un lado, el proceso constituyente europeo confirma lo que desde siempre ha sido su rasgo característico y original, es decir, ir adelante por etapas continuas que se nutren de reglas consolidadas, las que codificadas, abren a su vez la puerta a evoluciones futuras. Por otro lado, teniendo en consideración la materia constitucional, como puede ser aquélla de los derechos fundamentales, es precisamente por la matriz de las Constituciones nacionales por donde se van asumiendo los rasgos fundamentales para la construcción, todavía rudimentaria, de un modelo real de tutela europea. 19

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